Un nuevo derecho cívico se consagra en España con la Ley de Eutanasia, aprobada ayer en el Parlamento. Consuelo Miqueo, profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza recientemente jubilada y directiva de la organización Derecho a Morir Dignamente de Aragón (DMD), nos glosa el sentido de la nueva ley y su relación con la ayuda médica pertinente.

Recientemente se procedía a practicar en Zaragoza una prueba que es, ciertamente, novedosa en nuestro proceso penal. Se llevó a cabo, concretamente, con ocasión de la instrucción de una causa por homicidio.

Se trataba de la prueba denominada P300, cuya finalidad es la indagación en el cerebro del encausado para buscar una determinada información que, se supone, el afectado no ha querido proporcionar voluntariamente en sus declaraciones previas. Sólo por ello, esta prueba debería llevarnos a cuestionarla, sobre todo si no media el consentimiento expreso, voluntario, libre e incondicionado de quien se somete a ella. Si no es así, esto es, si no hay un sometimiento voluntario, estaremos ante una contravención clara del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo, pues lo que se pretende es, en definitiva, conseguir que “hable el cerebro” y que el mismo exprese mediante respuestas a determinados estímulos visuales, auditivos o táctiles lo que probablemente no se haya querido decir con la boca.

Cuando nos aproximamos al día en que Cristina de Borbón va a declarar como imputada tenemos que recordar lo que para todos -salvo, al parecer, para el fiscal Pedro Horrach- es una obviedad: que en democracia somos todos iguales ante la ley, incluso las Infantas.

El partido conservador que nos gobierna acaba de “obsequiarnos”, especialmente a las mujeres, con una nueva vuelta de tuerca que incide directamente sobre los avances sociales que nos ha proporcionado el sistema democrático. Bajo el título de la “Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada” se nos presenta un anteproyecto de ley que nos devuelve la regulación del aborto a la época anterior a 1985...

Comenzamos el mes que se acaba con el tema estrella que cerrábamos el anterior de octubre, y seguramente así seguiremos el próximo mes de diciembre. Me refiero a la derogación de la denominada “doctrina Parot” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una doctrina sobre la interpretación de las normas reguladoras del cumplimiento de las penas que en su día supuso un cambio de criterio del Tribunal Supremo, y que se aplicaba, además, retroactivamente en perjuicio de las personas condenadas, doctrina ésta que ahora, en virtud de la sentencia de dicho tribunal europeo, dictada el pasado día 21 de octubre de 2013, ha quedado sin vigencia, con el efecto incuestionable de volver a la aplicación del criterio que nuestros tribunales habían venido manteniendo hasta el año 2006, en virtud del cual, no se olvide, habían salido muchos presos, aprovechando los beneficios penitenciarios que les correspondían, sin que entonces nadie se rasgara las vestiduras por ello.