La reforma de la administración en la Dictadura de Primo de Rivera
Miguel Primo de Rivera Orbaneja
En la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se planteó una serie de reformas en la administración territorial de España con el fin de modernizarla, terminar con el caciquismo y acercar más la administración a los ciudadanos. En este artículo veremos qué se hizo y cuál fue el resultado.
En la reforma de la administración se pueden observar algunos de los rasgos del regeneracionismo, un movimiento intelectual un tanto ambiguo y que pudo ser interpretado desde distintos posicionamientos políticos. En este caso se pretendía superar la anquilosada estructura de poder de la Restauración y plantear una alternativa no democrática pero sí más moderna sin la lacra del caciquismo. La figura política clave de los cambios legislativos en la organización administrativa fue José Calvo Sotelo desde su puesto al frente de la Dirección General de la Administración.
Las primeras medidas iban encaminadas a controlar los resortes del poder en las provincias y los municipios después del golpe de estado. Así pues, se sustituyeron los gobernadores civiles por otros militares, y en los ayuntamientos se instalaron los delegados gubernativos, también militares. Los consistorios fueron disueltos y sustituidos por las denominadas juntas de vocales asociados, que eran elegidos por los mayores contribuyentes que, en realidad, eran los antiguos caciques. Esta medida en el ámbito municipal nos permite comprobar ya desde el principio las limitaciones de la supuesta modernidad de los cambios. Al ser elegidos estos vocales por los propietarios se volvía, realmente, al sufragio censitario previo a la reforma de principios de los años noventa del siglo XIX.
Posteriormente se aprobaron las reformas que perseguían tener un mayor calado. En 1924 salió el Estatuto Municipal. Se pretendía crear una nueva administración local. En este sentido se plantearon innovaciones importantes, como el aumento de competencias con autorización para que se hicieran municipales algunos servicios, además de diversos aspectos sobre el régimen jurídico de los ayuntamientos. Pero, realmente lo que se buscaba era que esta administración fuera adicta al régimen y muy centralizada. La administración local, como la provincial, no iba ser cambiada en un sentido democrático, sino más bien, tecnocrático. La lucha contra el caciquismo no fue tal, ya que se quedó en lo epidérmico porque solamente se persiguió a aquellos personajes del poder local que no eran claramente adictos a la Dictadura. Por su parte, también fueron disueltas las Diputaciones Provinciales. Los nuevos diputados provinciales serían nombrados por los gobernadores, es decir, se acentuaba el centralismo y el autoritarismo. Precisamente, al año siguiente se aprobó el Estatuto Provincial, que consagra definitivamente la provincia como una circunscripción territorial fundamental.
El centralismo de Primo de Rivera era más acentuado que el de la propia Restauración, como se demostraría en el caso catalán. La Ley de Mancomunidades (1913) había supuesto un intento, no muy profundo, pero sí novedoso y que costó mucho sacar en las Cortes, de descentralización. Cataluña optó a esta ley y formó la Mancomunidad en 1914, un organismo con competencias administrativas que supuso la primera experiencia de cierto autogobierno, con éxitos importantes en lo educativo, cultural y en el campo de las infraestructuras. Al poco de producirse el cambio político fue destituido Puig i Cadafalch, el segundo presidente de la Mancomunidad, siendo sustituido por Alfons Sala, hombre adicto al nuevo régimen. Sala desnaturalizó la Mancomunidad catalana, paralizando toda la obra emprendida y las instituciones creadas. Primo de Rivera terminó con la Mancomunidad el 12 de marzo de 1925, con la entrada en vigor del Estatuto Provincial. Con esta decisión la Dictadura se granjeó la enemistad de todo el catalanismo político, incluido el conservador y que no había visto mal el golpe para mantener el orden en Barcelona. La recentralización de Primo de Rivera potenció el catalanismo de izquierdas y las tendencias independentistas del mismo.