La amnistía fiscal y otros trucos, refugio y protección de defraudadores y delincuentes
Cuando estamos ya en el período de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y el ciudadano “normal” y cumplidor se enfrenta con la correspondiente liquidación, que le hace comprobar cuánto aporta a la financiación pública, resultan irritantes y bochornosas las noticias que nos llegan de la Agencia Tributaria.
No se trata solo del caso RATO, expuesto a la vergüenza pública con todo merecimiento, aunque se sospeche de una maniobra mediática impulsada por el propio Gobierno. En el colmo de la hipocresía el ministro Montoro se manifiesta “enfadadísimo” con Rato.
Es que resulta que nos enteramos ahora de los resultados de la amnistía fiscal de 2012 y de otros datos sorprendentes, que dan idea de la ineficacia de la Agencia Tributaria cuando se trata de enfrentarse con los ciudadanos más poderosos y ricos.
Un ciudadano normal está totalmente controlado por Hacienda. Si sus ingresos proceden de su salario o de su pensión, sus datos llegan al sistema informático correspondiente y son gravados en su totalidad, incluso cuando –como es el caso de la jubilación o los planes de pensiones—esos ingresos proceden de años de cotización o de ahorro. Y el gravamen es muy importante, incluso para los que menos ingresos perciben: en el IRPF, el tipo impositivo sobre los ingresos hasta 17.707 euros es del 24,75 %; y de 17.707 a 33.000 euros, del 30 %. Y, cuando compra pan, por poner un ejemplo, está pagando el 4% de IVA.
Pues bien, 30.000 contribuyentes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, consiguiendo con ello que, a diferencia del ciudadano honrado, sus ingresos regularizados tributaran al 3 % y quedaran exonerados de cometer delito fiscal. De ese conjunto de ciudadanos privilegiados, resulta que existe un grupo de 715 sospechosos, por el posible origen ilícito del dinero aflorado. Uno de ellos, el único que conocemos por ahora, en el ínclito Sr. Rato, antiguo Vicepresidente del Gobierno de Aznar y asesor de bancos y empresas importantes.
Y, además, en los últimos tres ejercicios, Hacienda ha tenido noticia de 124.500 millones de euros de españoles situados en 200 países extranjeros. La Agencia Tributaria ha detectado en Suiza 20.000 millones de contribuyentes españoles, y otros 4.000 millones en Andorra.
El patético Sr. Director de la Agencia Tributaria, al que el Sr. Montoro envió a dar la cara al Parlamento, pareció estar muy satisfecho de la actuación de su Agencia. No parece avergonzarle que hayan podido existir tantos defraudadores a los que solo se haya podido detectar ofreciéndoles ventajas inalcanzables para el ciudadano normal. Presumió frívolamente de los datos que conoce: “los datos del fraude son la repera patatera”, dijo, como si amenazara no se sabe a quien. Y se negó a facilitar la lista de defraudadores y sospechosos de delito de blanqueo de capitales o de procedencia ilícita de sus ingresos, en aras de la confidencialidad debida a los contribuyentes.
El ciudadano normal, que no tiene cargos ni prebendas, que no tiene cuentas en el extranjero, ni en paraísos fiscales ni en sicav ficticias, y cumple sus obligaciones a pesar de la crisis, está harto de un Gobierno que, con la excusa de recaudar, favorece a los corruptos y a los defraudadores.
Ese ciudadano exige conocer, al menos, la lista de los estafadores que incumplen sus deberes con la comunidad. Es absurdo que el secreto y la confidencialidad protejan a quienes infringen las leyes, porque ellos mismos, con su conducta reprobable y defraudadora, han roto las reglas del juego y la lealtad que justifica la protección de la intimidad. Ese oscurantismo no hace sino crear una desconfianza generalizada sobre todos aquellos que obtienen elevados ingresos y están o han estado cerca del Poder. Y es indignante que esos datos puedan utilizarse, cuando convenga, mediante filtraciones.
Es tan irritante y bochornoso todo ello, que hasta “Ciudadanos” ha llegado a proponer que los españoles que cumplan con sus obligaciones fiscales tengan un “premio”, consistente en la bajada del IRPF de sus nóminas.
Por si fuera poco todo esto, ahora nos enteramos que dos selectos peperos, los Srs. Trillo y Martínez Pujalte, facturaron 4,5 millones y 75.000 euros respectivamente por asesorar a un constructor de obras públicas siendo diputados. No existe constancia escrita de en qué consistía su asesoramiento. Como declara el constructor, respecto de los 5.000 euros mensuales que pagaba al Sr. Martínez Pujalte, “cada quince días íbamos a tomar café, nos sentábamos y yo le preguntaba por donde iba la economía”. Sin comentarios.
Como colofón explicativo, el lapsus (¿o no lo era?) de la Sra. Cospedal: “Hemos trabajado mucho para saquear nuestro país…”. ¿Una jugada del subconsciente?
¡Qué país¡ ¡Cuánta injusticia¡ ¡qué desGobierno¡