Antonio Maura y la reforma de los Ayuntamientos
D. Antonio Maura
Antonio Maura planteó la necesidad de reformar el poder local para conseguir tres objetivos: terminar con el caciquismo, moralizar la vida pública y descentralizar la administración para que fuera más eficaz. Consideraba que el poder de los caciques radicaba en el apoyo que recibían de las distintos poderes, incluido el local. Así pues, uno de los proyectos estrellas del denominado “gobierno largo” (1907-1909) fue el de la ley de Administración Local, presentada en el año 1907, y estaría en línea con su proyecto de “revolución desde arriba” para evitar la que procede desde “abajo”.
La reforma pretendía otorgar más atribuciones a los ayuntamientos en materia de educación, sanidad, obras públicas y orden público, acercando la administración a los ciudadanos. Pero este ambicioso objetivo no iba acompañado de una reforma paralela de las haciendas locales para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a esas nuevas competencias asignadas, reforma que implicaba profundos cambios en el sistema tributario y que la oligarquía dominante no estaba muy dispuesta a asumir.
La segunda novedad de la reforma tenía que ver con la relación entre el poder central y los consistorios, aminorando el clásico intervencionismo del gobierno. Se limitaba el nombramiento gubernamental de alcaldes a los municipios de más de 20.000 habitantes, aunque en el debate parlamentario, el gobierno de Maura aceptó una mayor limitación, es decir, que solamente se nombraría a los alcaldes de poblaciones que superasen los 150.000 habitantes, es decir, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga.
Pero si esta proyecto, por un lado, parecía dar un giro liberalizador, en relación con la tradicional postura de los conservadores en materia local, por otro lado, introducía una novedad que empañaba el supuesto avance. Se pretendía que en los ayuntamientos hubiera una representación corporativa, algo que ya existía en el Senado, es decir, que hubiese un cupo de concejales –un tercio- que representasen a las corporaciones existentes, aunque quedaban excluidas las de signo político y religioso. Se abría la puerta a que la derecha económica entrase en los ayuntamientos donde se debatían y aprobaban cuestiones que les interesaban, como las relativas a abastos, infraestructuras, construcción, etc.. Se permitía, pues, la llegada a los plenos municipales de los empresarios y financieros, sin tener que pertenecer a un partido político ni concurrir a unas elecciones.
Un último aspecto importante de la reforma local tuvo que ver con la posibilidad de que se creasen mancomunidades, es decir, asociaciones de diputaciones, como un primer paso para generar cierto autogobierno regional, intentando atraerse a la Lliga Regionalista. Cualquier intento de descentralización regional siempre concitó una fuerte oposición en las Cortes.
La reforma no salió adelante y se enfangó en el parlamento, aunque Maura se empeñó en buscar el consenso y en que saliera adelante, imprimiendo un ritmo parlamentario inusitado, pero concitó una fuerte oposición entre los sectores más extremistas de la oligarquía dominante, aunque también de los liberales, republicanos y socialistas, por diversos motivos. Algunos historiadores consideran que hubo un claro obstruccionismo parlamentario. Cuando se entraba en el final del proceso legislativo, en el verano del año 1909, estalló la crisis de la Semana Trágica, que terminó con el gobierno largo y con el propio Maura como presidente del consejo de ministros. El intento de reforma local protagonizado por Maura no prosperó.