La responsabilidad de los políticos ( aragoneses y catalanes)

En un estado laico y aconfesional como el español, con las competencias en patrimonio artístico transferidas a las comunidades autónomas (no se olvide que fueron las primeras competencias transferidas, tales eran las prisas del Estado español por quitarse de en medio las responsabilidades de salvaguarda y tutela del patrimonio artístico) podemos preguntarnos sobre cual ha de ser el papel de los políticos autonómicos ante un conflicto como el surgido en el ámbito de la Iglesia Católica entre la diócesis de Barbastro-Monzón, en territorio de Aragón, y la de Lérida, en territorio de Cataluña.

Conviene recordar que, con motivo de la reordenación territorial diocesana, realizada por la Santa Sede para adaptar los límites de las diócesis a los límites de las comunidades autónomas, surge el conflicto por la titularidad de sus bienes artísticos, quedando establecido que son las parroquias aragonesas transferidas de Lérida a Barbastro las titulares de dichos bienes, y en el caso singular del monasterio de Sijena, la orden de San Juan. El conflicto tiene lugar en el ámbito de la Iglesia Católica.

Parecería lógico que el papel de los políticos autonómicos debería haberse circunscrito, atendiendo a la función social de dicho patrimonio privado, a fomentar el acuerdo entre las partes eclesiásticas litigantes, única y exclusivamente. Pero sin embargo las acciones, por parte de los políticos de Cataluña, y las reacciones, por parte de los políticos de Aragón, condujeron a todo lo contario, trasladándose así el litigio a los tribunales civiles y subrogándose en el mismo. Es decir, convirtieron en político un problema eclesiástico y no supieron, no pudieron o no quisieron darle una solución pactada, sin recurrir a los tribunales. La judicialización en estos casos es siempre el fracaso de la política. Se han convertido, pues, en los responsables subsidiarios del conflicto, pero en los responsables primordiales y exclusivos de la fractura de la convivencia ciudadana.

Así las cosas, y con el escarmiento de haberse metido en camisa de once varas, los políticos aragoneses y catalanes, en relación con el patrimonio artístico de la Iglesia, deberían dejarse de defender titularidades privadas y dedicarse a cooperar entre sí, puesto que tienen las mismas competencias en relación con el patrimonio artístico, y por ello a establecer convenios bilaterales con la Iglesia Católica para cumplir lo que como políticos les atañe de verdad: la función social y, en consecuencia, la gestión de dicho patrimonio artístico privado.