El gobierno afrancesado
El conocimiento que tenemos en la actualidad sobre los afrancesados y sobre el Estatuto de Bayona es grande, gracias a una abundante bibliografía que se ha escrito desde el pionero estudio de Miguel Artola. Aquí nos centraremos en la labor que el gobierno josefino pretendió hacer en España, es decir, su programa reformista. Muchas de esas reformas no prosperaron por una serie de razones: el transcurso de la guerra, las resistencias a los cambios, la deuda del Estado y las intromisiones de Napoleón más interesado en la guerra en sí que en el progreso de España. En 1812 ordenó que los territorios al norte del Ebro se anexionasen a Francia. Pero es importante que estudiemos los proyectos y propuestas de cambios, así como las realizaciones de los afrancesados no sólo porque pueden ser considerados el culmen del reformismo ilustrado del siglo XVIII, sino porque influyeron en el reformismo liberal posterior. Pero además nos sirven para situar en un lugar más ponderado la figura de José Bonaparte y los planteamientos de los afrancesados en la historia de España.
En cuestiones de organización de la Administración del Estado se creó, como disponía el Estatuto de Bayona, un gobierno compuesto por ministros (Ministerios de Justicia, Negocios eclesiásticos, Negocios extranjeros, Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias, y Policía General), además de la figura de un secretario de Estado para refrendar todos los decretos. En realidad, se trataba de un proceso que los Borbones habían comenzado a establecer, primando la vía ejecutiva frente la consultiva propia de los Austrias, aunque dando un paso más. Con José I se suprimieron los Consejos de Indias, Guerra y Hacienda. Tenemos que tener en cuenta que el Estatuto de Bayona establecía una nueva organización de la Hacienda con un Ministerio, un director general del Tesoro Público nombrado por el rey. También habría un Tribunal de Contaduría General que tendría como misión examinar las cuentas. Además, como hemos visto, se crearon Ministerios para la Guerra y para las Indias. Quedó el Consejo de Castilla, pero vio mermadas sus funciones de gobierno, quedándose con sus competencias judiciales, como último tribunal de apelación.
En relación con la organización territorial se planteó la primera división provincial de la historia española. España quedaría dividida en treinta y ocho provincias con un intendente a la cabeza. En 1810 pasaron a ser prefecturas. Esta división en provincias o prefecturas era marcadamente centralista, de clara influencia francesa. El liberalismo español cambiaría el número de provincias y sus límites, pero mantuvo el claro acento centralista del proyecto josefino. También se suprimió la jurisdicción señorial, algo que terminaría ordenando la Constitución de Cádiz y varias disposiciones del Estado liberal.
José I estuvo muy interesado en las reformas urbanas, especialmente en la capital, para convertirla en una capital saneada, en línea con lo que el despotismo ilustrado español había realizado o proyectado. La apertura de plazas, de espacios públicos amplios, fue la máxima preocupación, y en Madrid destacaría lo que se hizo en torno al Palacio Real, abriéndose la Plaza de Oriente. Otra de sus preocupaciones fue la de que se construyeran cementerios fuera del recinto urbano, vieja aspiración del despotismo ilustrado que había generado muchas resistencias en los reinados de Carlos III y Carlos IV. José I abrió el Cementerio General del Sur en Madrid.
En materia fiscal, Cabarrús intentó hacer una profunda reforma. El Estatuto de Bayona suprimió los privilegios fiscales, uno de los pilares de la sociedad estamental. Para fomentar la creación de un mercado nacional se suprimieron las aduanas interiores, como estipulaba el artículo 116 del Estatuto de Bayona.
Las órdenes religiosas fueron suprimidas y se diseñó una desamortización de sus bienes con el fin de amortizar la deuda del Estado. Es evidente que este intento entronca con la desamortización previa de Godoy y con las posteriores del liberalismo, especialmente la de Mendizábal. Tenemos que tener en cuenta, además, que se expropiaron las propiedades de los nobles –grandes de España- que no habían aceptado el gobierno josefino.
La educación fue una preocupación de los afrancesados como buenos ilustrados que eran. Optaron porque se establecieran escuelas públicas de primeras letras después de haber suprimido las órdenes religiosas que casi monopolizaban la enseñanza. También se pretendió abrir liceos (institutos) en las capitales de provincias y hubo una clara preocupación por la enseñanza de la mujer. Se creó el Instituto Nacional de las Ciencias y las Artes.