¿Defender al juez Garzón?
Cuando se suscita el tema del juez Garzón y su más que segura separación del servicio en menos de dos semanas, como paso previo para poder sentarlo en el banquillo de los acusados, surje inevitablemente la preguna de: ¿por qué deberíamos salir en defensa del juez?
Atreverse a investigar los crímenes del franquismo le ha llevado a verse bajo la amenaza de ser apartado de la carrera judicial por presunta prevaricación y a que en estos momentos el juez Varela, instructor del causa abierta contra él, haya dictado un auto en el que considera que si “ha lugar” para que se proceda contra Baltasar Garzón.
Personaje singular y contradictorio como pocos, el juez Garzón, puede presumir de concitar en su persona a grandes y acérrimos defensores y sobre todo a muchísimos ciudadanos que ante la tesitura en la que se encuentra, se frotan las manos y sonríen aviesamente esperando a verlo sentado en el banquillo y sujeto a esa justicia de la que desde hace muchos años ha hecho uso y según sus detractores, no siempre en beneficio de los ciudadanos.
Seguro que cuando llegue ese momento unos y otros se harán oír y llevarán tanto su defensa como su solicitud de un castigo ejemplar a cuantos medios de comunicación y tribunas públicas sean posibles.
Hecha la salvedad de las pocas simpatías con las que este juez cuenta entre gran parte de la sociedad española, ganadas a pulso no por su labor como juez instructor, que en líneas generales puede ser calificada de buena, sino por sus extralimitaciones, sus personalismos y ese estar siempre en primera línea de cualquier caso de relumbrón en el que hubiera algo que rascar, se hace pertinente volver sobre la pregunta inicial. ¿Hay que salir en defensa de Baltasar Garzón?
Si, si al hacerlo, no solo estamos defendiendo a ese controvertido juez, sino lo que es mucho más importante, defendemos aquello que en realidad se está tratando de evitar, esto es la obligación de juzgar unos delitos que se perpetraron hace muchísimos años. Delitos que están conceptuados como “crímenes contra la humanidad” y que según la legislación internacional no prescriben. Daría igual que hubiera sido cualquier otro el juez que instruyera la causa contra los asesinatos cometidos durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Igualmente se hubieran presentado las denuncias por las asociaciones de extrema derecha Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Pero indudablemente el hecho de personalizar todas ellas en Baltasar Garzón, ese azote de criminales, mafiosos, traficantes, etarras, yihadistas o de esos malnacidos que amparándose en el poder, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de personas tanto en España como en varios países latinoamericanos, le añade un plus de odio y inquina. Personalizarlo en “ese juez campeador” como alguien ha llamado, demuestra ánimo de venganza y cainismo con el que muchos le pasan factura por agravios pasados, desplantes, personalismos y sobre todo por su atrevimiento y osadía al llevar al banquillo a todo aquel a quien consideró reo de delitos.
Es inevitable comparar este caso con todo lo que sucede alrededor del caso Gürtel y la forma en que los políticos y empresarios implicados en esa trama han sido tratados por algunos compañeros de la judicatura. Mientras en la mayoría de los casos a los implicados en el caso Gürtel se le ha tratado con “guante blanco”, a Baltasar Garzón se le quiere directamente hundir. Hacer de él un ejemplo para futuros osados que se atrevan a escarbar en temas espinosos, esos que “no se deben remover” y condenarlo a la separación de su cargo, impidiéndole ejercer la judicatura y si es posible incluso con la cárcel.
Hagamos ejemplo con Garzón, se dirán afilando el colmillo y babeando ante la perspectiva de ver al juez en el banquillo. Dejando bien claro lo que les puede suceder a aquellos que se atrevan a poner en práctica una ley, la de la Memoria Histórica. No importa que fuera aprobada por las Cortes Generales, por lo que parece esta ley es imposible de llevarla a la práctica en un estado como el nuestro en el que tras más setenta años desde que terminó la guerra civil, las heridas ni se han cerrado ni llevan camino de hacerlo.
Defendamos pues el derecho de una parte de la sociedad española, la que perdió la guerra siendo perseguida y aniquilado por ello, a que puedan enterrar a sus muertos. Aquellos que durante tantos años esperaron en las cunetas de muchos pueblos a que se pudieran remover las tierras y descubrir sus despojos. Concedámoles un definitivo descanso y la posiblidad de hacerlo bajo una lápida con su nombre. Así daremos también paz y tranquilidad a sus familiares y allegados, esos que durante todo ese tiempo han intuido donde podían estar sus familiares pero no han tenido ni siquiera la posibilidad de llevarles unas flores. Pero también investiguemos, dejemos trabajar a todas esas asociaciones que amparadas por la Ley de la Memoria Histórica, buscan incansables a sus familiares. Y si ya no fuera posible castigar a los culpables, pongámosles al menos nombres y caras, exijamos un desagravio a aquellos que se llaman herederos de los asesinos, reconociendo y señalando los crímenes que cometieron. Demos a los familiares de los desaparecidos la posibilidad de buscar sus restos así como una reparación moral y política para todos los que lucharon en nombre de unas ideas, un gobierno legalmente consituido, ganado en las urnas y de la libertad.
Estupefacto, el mundo nos contempla preocupado y abochornado. Fuera no se entiende como en España la extrema derecha ha tenido tan fácil llevar ante la justicia a un juez que se atrevió a investigar crímenes contra la humanidad, en tanto que políticos y empresarios supuestamente corruptos campan a sus anchas, libres bajo fianzas millonarias, y dispuestos a convertir, a poco que les dejen, este adormecido país de Messis, Cristianos, fútbol, discusiones taurinas y procesiones semanasantiles en una burda copia de “la berlusconizada y mafiosa” Italia.