En México se siguen vulnerando los derechos humanos

La Relatora Especial para los Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas define a un “Defensor de los Derechos Humanos” como la persona que “individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de los contextos en que actúan».

Conquistados con muchísimos esfuerzos y sangre, el respeto de los derechos humanos es un indicador fiable y garantista de que los países que los observan están en la senda de la democracia y de promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

En Europa el respeto de estos derechos es algo consustancial a nuestras constituciones, su observancia esta contemplado en todos ellas. Por eso valoramos altamante y en su justa medida la innumerables ventajas y prestigio que su respeto confiere a los países que los observan. Damos por sentado que a más cultura, educación, gobierno democrático y civilidad, más fácil y más ineludible es el cumplimiento de esta premisa.

Evidentemente, no siempre es así, y cuando vemos países instalados en el grupo de los llamados del primer mundo que no cumplen con este mandato, no podemos sino mostrarnos irritados, atribulados y sentirnos impelidos a exigir a aquel/aquellos que los vulneran su inmediato cumplimiento y en su caso las responsabilidades penales y sociales necesarias “para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad”.

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México es un país con una sólida democracia fuertemente asentada, seguramente el segundo tras Brasil con un mayor peso específico de toda Centro y Sudamérica. Sin embargo desde hace años tiene un “mal ganado” puesto entre los países que aunque en teoría disponen de una fuerte y amplia organización defensora de los Derechos Humanos, peor uso hace de ella. Y así pese a su elevado número de funcionarios, “no hay resultados contundentes como lo evidencia el Informe Anual 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En estos momentos, México ocupa el tercer lugar de este vergonzoso ranking latinoamericano solamente precedido por Perú y Colombia. Solo en 2008 se tramitaron 1.900 denuncias frente a las 437 de diez años atrás.

A la vista de estas cifras no sorprende que continuamente se conozcan noticias sobre vulneraciones de los derechos humanos en este país. La última de ellas el pasado 27 de abril cuando se conoció la muerte de dos defensores de los derechos humanos, Bety Cariño, y Juri Jaakkola, integrantes de una caravana formada por maestros, colectivos sociales, periodistas y observadores internacionales de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania que fue atacada a tiros por un grupo de hombres armados.

Los atacantes se identificaron como pertenecientes a la organización paramilitar UBISORT. Varias personas de esta “caravana de paz” resultaron heridas y otras desaparecidas, tanto mejicanas como internacionalistas.

Este grupo paramilitar cuenta con la cobertura y protección del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y desde hace ya varios meses se dedican a hostigar a la población del Municipio Autónomo de San Juan Copala y otros municipios cercanos de la región triqui. Este hostigamiento responde a las protestas de la población de este municipio que carece de luz eléctrica, agua o médico. Dado que las clases están suspendidas desde el mes de enero, esta caravana tenía entre sus objetivos el intentar la vuelta de los maestros a clase así como denunciar la terrible situación que viven los pobladores de esa localidad.

Han tenido que pasar tres días para que ayer día 1 de mayo, por fin y tras innumerables presiones de Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia y otros países, entraran en la zona fuerzas del ejercito al objeto de rescatar a los heridos y localizar a los desaparecidos, ya que hasta ese día el gobernador Ulises Ruiz se negó en todo momento a intervenir aduciendo que los muertos, heridos y desaparecidos no se sabía si eran extremistas, traficantes, turistas u otras personas. Afirmación vergonzosa que demuestra el nulo interés del representante del gobierno federal en aclarar lo sucedido y sobre todo buscar a los culpables, un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.

Desde aquí quiero recordar al nefasto gobernador del estado de Oaxaca y al gobierno mejicano el art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

“Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Video con declaraciones de algunos de los integrantes de la caravana: http://www.youtube.com/watch?v=FS83Xui07JI&feature=player_embedded