Continúan los asesinatos en Oaxaca
No hace ni un mes del último ataque de los paramilitares del UBISORT, vinculados al PRI, en la zona triqui de Oaxaca-México. Fue en el transcurso de una emboscada realizada contra una “caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo”, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista y defensora de Derechos Humanos y Jyry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que formaba parte de la caravana. Varias personas más fueron heridas y otras cuatro tuvieron que permanecer escondidas durante dos días para salvar sus vidas.
No han pasado ni un mes, pero la escalada de violencia y la impunidad reinante, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala, ha desembocado en dos nuevos asesinatos.
La organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) -vinculada al PRI- mantiene este cerco desde el pasado mes de noviembre en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, impidiendo su normal abastecimiento y la libre circulación de personas. Ejemplo de este constante hostigamiento es el caso de la retención y el secuestro de un grupo de mujeres y niños que el pasado 15 de mayo habían salido para comprar alimentos.
Ahora nos llegan noticias de dos nuevas muertes acaecidas el pasado 20 de mayo, cuando se produjeron los asesinatos de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar, ambos por disparos de bala en la cabeza tras ser atacados en su propia casa, en donde tenían una pequeña y humilde tiendita de alimentación, en la comunidad triqui de Yosoyuxi. Ramírez era dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) y líder moral del municipio autónomo. Se da además el caso de que sus hijos, que en ese momento se encontraban con ellos en la casa, fueron encerrados en una habitación, para que no fueran testigos directos de los asesinatos. Las autoridades autónomas culpan al gobierno de Oaxaca de estos dos nuevos homicidios.
Tras los ataques a la caravana humanitaria hace un mes, que se ha atribuido finalmente a la organización UBISORT, después que el dirigente Rufino Juárez Hernández anunciara días antes que impedirían a toda costa el paso de la misma, estos dos nuevos asesinatos, ponen nuevamente en cuestión la capacidad y la poco creíble intención el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de garantizar y proteger la integridad de los habitantes de estas comunidades, dejando de esta manera sus vidas en manos de una organización paramilitar.
Las condiciones de vida de los habitantes del municipio autónomo de San Juan de Copala son cada vez más extremas, por lo que una vez más se ha convocado una nueva caravana que de poder realizarse con normalidad, granizara el suministro de alimentos, medicinas y educación a la comunidad sitiada, y serviría para apoyar el derecho de autogobierno por parte del pueblo triqui de Copala, constituido en municipio autónomo desde enero del año 2007.
La sociedad mexicana e internacional no puede echar la vista hacia otro lado, tiene que expresar ante el Gobierno mexicano, la ONU y la UE su indignación, denunciando las agresiones y exigiendo justicia contra los responsables del asedio, del ataque a la caravana y de los últimos homicidios. El Parlamento Europeo está obligado a hacer cumplir la aplicación de la Cláusula Democrática que supedita al respeto a los Derechos Humanos, los acuerdos del Tratado Preferencial de Comercio que suscribió con México en diciembre de 1997, semanas antes de la masacre de Acteal.