Derecho a una muerte digna
El tránsito a la otra vida es algo que la mayoría de nosotros enfrentamos como algo inevitable que deseamos que suceda de forma rápida e indolora. En cambio las más de las veces sufrimos hasta límites insoportables no solo a causa de las enfermedades que nos llevarán a la tumba sino por el incomprensible empeño del estamento médico en alargar la vida del enfermo más allá de los límites que ese mismo paciente no desearía alcanzar.
El testamento vital es ya una realidad en Aragón, y muchas son las personas que desde su aprobación han pasado por el Registro de Últimas Voluntades, sito en Paseo María Agustín nº 16 . La declaración de Voluntad Vital Anticipada se define como «la manifestación escrita hecha por una persona capaz, quien consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria a recibir cuando se produzcan circunstancias clínicas que le impidan comunicar personalmente su voluntad». Este documento sirve para que tales deseos sean respetados y cumplidos por el médico o el equipo sanitario que intervienen cuando la persona que ha otorgado el documento se encuentre imposibilitada de manifestar su voluntad por deterioro físico o psíquico.
Ahora parece que vamos a dar un paso más, ya que a petición de IU y con los votos a favor de PSOE y CHA, la abstención del PAR y la incomprensible negativa del PP, el pasado 3 de junio se aprobó en las Cortes aragonesas la proposición de ley que garantizará una muerte digna a los ciudadanos en fase terminal, poniéndose de esta manera en marcha la fase de ponencia para presentar propuestas que enmienden el texto presentado por IU. Al fin parece que en esta Comunidad vamos a legislar sobre el derecho a una muerte digna, algo largamente deseado por aquellos que hemos tenido que ver como no era respetado el deseo de nuestros familiares, permitiéndoles tener un tránsito indoloro, sosegado y humanitario.
Esperemos por el bien de todos los que en algún momento pasaremos por esta situación, que esta ley sea aprobada lo más rápido posible y con el mayor consenso, a fin de que como dijo Adolfo Barrena, diputado de IU en las Cortes aragonesas: “el derecho de cada afectado está por encima de cualquier objeción de conciencia de los profesionales o criterios médicos que prolongan la vida a una persona cuando ésta ya no tiene opciones de recuperarla en plenas condiciones”.
Muchos somos los que agradecemos esta proposición de ley y su posterior aprobación. Porque muchos somos los ciudadanos que todos los días nos enfrentamos a la penosa y triste situación de ver como nuestros familiares quedan a merced de las decisiones, más o menos interesadas, de los doctores que les atienden. Enfocadas en la mayoría de los casos a “salvar los muebles”, es decir, a ponerse a salvo de posibles e hipotéticas denuncias y no a facilitar a enfermos en situación terminal los cuidados que garanticen el alivio de su sufrimiento con medidas paliativas de calidad más allá de las obstinadas y encarnizadas prácticas que tienen por objeto el alargamiento artificial e inútil de la vida del paciente.
Así no se darán casos como el de nuestra madre que tuvo que permanecer más de 21 días en coma, tras sufrir un infarto cerebral, devastador y aniquilante, que la dejó postrada en la cama, inmóvil, inconsciente y perdida en una nebulosa en la que nunca supimos si sufría o ya estaba más allá de cualquier tipo de sensación o estímulo. Desde el primer momento estaba claro que no iba a sobrevivir, que los daños sufridos hacían imposible su recuperación. Pero esa situación que la familia teníamos tan clara fue puesta en entredicho una y otra vez por los médicos que le atendieron. Algo que para nosotros no tenía discusión y lo que es peor visos de recuperación, -esto es la vida de nuestra madre-, para los médicos era asunto que tenía posibilidades de reversión y sobre todo de recuperación de la consciencia e incluso de vuelta a una vida más o menos, más bien menos llevadera, atada para siempre a una silla de ruedas y convertida en un juguete roto.
No les cansaré con los pormenores de su agonía, ni las luchas que entablamos con el equipo médico ante nuestra petición de que la dejaran en paz, que no siguieran alargando aquella situación que era claro, al menos para nosotros, que no llevaba a ninguna parte. Su respuesta fue que había que seguir alimentándola mediante una sonda nasogástrica, que según ellos no la hacía sufrir. Ante nuestra resistencia a la implantación de la sonda amenazaron con acudir al juez para que actuara obligándola a ser alimentada. Nos manifestaron que si queríamos llevárnosla a casa, ellos se lavaban las manos sobre lo que pudiera suceder, dejando en las nuestras la vida y el cuidado de nuestra madre.
Inútilmente esperamos durante días que se produjera ese milagro que los doctores profetizaban, mientras ella se iba deteriorando hasta convertirse en un extraño ser en el que para nada reconocíamos a aquella mujer vital y luchadora que fue nuestra madre. Finalmente se produjo el deceso, que nos dejó tristes por su desaparición y totalmente cabreados por el comportamiento inhumano de unos señores que no respetaron ni los deseos de nuestra madre, ni tampoco los de sus familiares.
Como decía al principio, espero que esta ley sea aprobada cuanto antes, legislando y dejando los menores resquicios posibles o dudas al estamento médico, para que nadie tenga que sufrir lo que tantos familiares pasamos cuando acompañamos a un ser querido en este difícil tránsito. Como muy bien dijo Adolfo Barrena en la presentación de esta proposición de ley: “La vida es un proceso natural, y la persona tiene derecho a decidir. Morir dignamente es más que morir sin dolor, es más que precisar unos medicamentos, es el último derecho que podemos ejercer.
En nombre de mis seres queridos, de aquellos que ya no podrán ejercer este derecho, yo reivindico el mío a decidir como y de que forma quiero morir.