Más recortes para los ciudadanos y los empleados públicos, ¿y para los políticos, cuándo?

Todos sabemos que la época es difícil, que hay que aceptar sacrificios. La cuestión es que los sacrificios debieran ser compartidos y liderados por una clase política que diera ejemplo y demostrara entender que no está por encima de los pobres ciudadanos, que pagan sus errores.

Una y otra vez se habla y se anuncian recortes salariales, más aún.  Desaparecen las aportaciones a los planes de pensiones, se reducen las ayudas sociales, se incrementan los horarios, se prescinde de interinos y contratados. ¿Y los políticos profesionalizados?

En estos momentos debieran renunciar a privilegios incomprensibles e injustificados. Todos debieran tener el mismo régimen de seguridad social, pagarse su plan de jubilación, renunciar a seguros de salud y de vida, cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles y pagar los mismos impuestos. Sin embargo, parecen estar en otro mundo, ajenos a lo que ocurre, aunque disminuyan por su culpa las disponibilidades públicas para atender situaciones de emergencia y aliviar el empobrecimiento creciente de gran número de ciudadanos.

Como muchas veces se reprocha a las críticas que no aportan alternativas concretas de ahorro, ahí van algunas que podrían adoptarse de inmediato.

Las Cortes de Aragón. Las componen 67 diputados. Hasta la reforma de 1996, el Estatuto de Autonomía disponía que “el desempeño del cargo de Diputado a Cortes de Aragón será gratuito, percibiendo solo dietas por asistencia a sesiones y gastos de desplazamiento”. ¡Que ingenuidad¡. Desaparecida esa prohibición en 1996 a propuesta de los partidos, los señores diputados tienen ahora unas retribuciones que se adivinan sustanciosas (las Cortes no tienen accesible esa información), además de lo que perciben los grupos parlamentarios. Su régimen de trabajo no es muy exigente: cuatro días de sesiones plenarias al mes (en las que suelen dar mal ejemplo a los escolares que les visitan) y vacaciones en enero, julio y agosto. Y su productividad no es muy elevada: en la presente legislatura –se cumple ahora un año—han aprobado seis leyes (dos de ellas de artículo único) y tienen un solo proyecto de ley pendiente. Y muchos diputados son meros convidados de piedra.  Es cierto que se hacen multitud de preguntas y propuestas, pero carentes de utilidad práctica en su mayor parte, pues no obligan al Gobierno. Sus preocupaciones están alejadas de la realidad y por ello se llevan un susto tremendo cuando la realidad de la calle –por ejemplo, los mineros—pasa las murallas de Palacio.

Con la mejora de sus retribuciones y la pompa creciente que les rodea –las Cortes tienen su Corte–, ha crecido su presupuesto a lo largo de los años: en 1984 nos costaban 206 millones de pesetas; en 1997, 1.508; y en 2012 solo la actividad legislativa nos cuesta a los ciudadanos 18.628.887 euros (equivalentes a 3.100 millones de las antiguas pesetas), sin incluir lo que se destina a la Aljafería como sede (1.046.312 euros adicionales). ¿Por qué no volver a épocas más idealistas? Con una cuarta parte de los diputados profesionalizados y menos boato sería suficiente para sacar adelante el trabajo parlamentario.

Diputación provincial de Zaragoza. También aquí los partidos políticos perdieron la ingenuidad hace unos años. Formada por 27 diputados, todos tienen derecho a la dedicación exclusiva a la Diputación (sin que ello, por supuesto, les impida dedicarse a ser alcaldes o concejales de sus ayuntamientos). Su sueldo base  mínimo es de 2.680 euros, más complementos por cargos de especial mando. Además cobran 1.158 euros por desplazamientos, si residen a más de 56 Kms. de la capital, ó 756 euros si residen más cerca de ella. En total, en torno a 1,4 millones de euros.

En una información reciente el “Heraldo” recogía más datos curiosos: la DPZ tiene 62 cargos de confianza designados por los partidos, que cobran 2,5 millones al año (son 13 cargos más que los que tiene la DGA, pese a un volumen de gestión incomparable; y la Diputación provincial de Teruel solo tiene 10). Además, PP, PSOE, PAR y CHA se reparten otros 47 sueldos gracias a la figura de los agentes de desarrollo local, promotores de igualdad o agentes de turismo rural. Parece que  más ingenieros, arquitectos, abogados y otros técnicos serían más útiles para cooperar con los municipios que tanto diputado y cargo de confianza. Pero en eso en la DPZ no hay diferencia si gobierna el PSOE o el PP; a todos les va bien así, sin debate político, pactando el reparto de cargos y subvenciones (con especial atención a Tarazona y Ejea, por supuesto).

¿Pasaría algo si se ahorrase gran parte de ese gasto? Nadie lo notaría, salvo sus actuales perceptores y los órganos de gobierno de los partidos, que tendrían problemas internos. Y con ese ahorro podrían atenderse muchas situaciones de necesidad (no incluimos entre ellas el turismo social a Hungría).

Disculpen estas propuestas. Hoy son todavía un tanto ingenuas, pero el cabreo ciudadano podría obligar a hacerlas realidad.