Ciudadana Cristina
Cuando nos aproximamos al día en que Cristina de Borbón va a declarar como imputada tenemos que recordar lo que para todos -salvo, al parecer, para el fiscal Pedro Horrach- es una obviedad: que en democracia somos todos iguales ante la ley, incluso las Infantas.
Según palabras de este mismo fiscal, no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho, y efectivamente, sin perjuicio de lo que nos depare el resultado de las pruebas a practicar, la imputación de esta señora viene motivada porque según la investigación, y así lo señala el Juez instructor en su auto, era propietaria del 50% de una empresa a la que llegaba el dinero obtenido de manera ilícita por su marido, propietario del otro 50%, pudiendo haber incurrido, por las actuaciones que puedan estar relacionadas con esta empresa, en la comisión de los delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal. Se le está imputando, por tanto, por lo que ha podido hacer, no por tratarse de un miembro de la familia real, como ha insinuado el referido fiscal en un escrito posterior que dirigió al Juez.
Hablando con propiedad, una persona imputada es aquella a la que se atribuye formalmente la posible participación en un delito, lo que conlleva el disfrute de determinada garantías procesales. Y esto es precisamente lo que ha acordado un determinado Juez de instrucción de Palma de Mallorca, quien al entender que una concreta persona ha podido tener un comportamiento delictivo, ha decidido citarla para que declare sobre ello (aunque se haya visto obligado a hacerlo mediante un auto de 227 folios), por supuesto con asistencia letrada, como garantía de su defensa jurídica, y sin prejuzgar nada que pueda quebrantar su presunción de inocencia. Es lo que ocurre habitualmente en los Juzgados, en miles de casos, sin que a nadie se le ocurra cuestionar esa forma de iniciar la investigación judicial.
Entonces, si esto es así, ¿por qué razón -nos preguntamos- se está desnaturalizando el procedimiento normal en el caso de la imputada Cristina de Borbón? Y la respuesta está en lo que nunca antes podríamos haber imaginado: es el propio fiscal anticorrupción, Sr. Horrach, quien está poniendo palos en las ruedas que mueven a la justicia. Ya lo hizo al recurrir la primera imputación, y lo vuelve a hacer ahora, cuando, sin recurrir la segunda, se permite atribuir al Juez la construcción de una «teoría conspiratoria» en justificación de tal imputación. Vivir para ver. Como echamos en falta la forma de actuar de los fiscales dirigidos por Carlos Jiménez Villarejo, quien a pesar de las injerencias que tuvo, nunca permitió que se presionara al equipo que dirigía, centrándose en promover realmente la acción de la justicia en casos como Gescartera, Sintel o Forun Filatélico Afinsa, para lo que no hizo otra cosa que cumplir el cometido constitucional que el Ministerio Fiscal tiene encomendado.
Estamos ante el inicio del procedimiento, en lo que se refiere a dilucidar el grado de intervención de Cristina de Borbón en los hechos que se investigan, y el Fiscal sabe, mejor que nadie, que si se descarta que la actuación de la misma ha sido delictiva, no se llegará a celebrar juicio respecto de ella, tal como ocurre con cualquier persona imputada cuya investigación pueda seguir los mismos derroteros. Pero, por el contrario, si finalmente resulta que ha cometido alguno de los delitos que se le imputan, habrá de responder por ello, al igual que lo haría también cualquier ciudadano. En definitiva, si nos creemos el principio de igualdad que la Constitución proclama en su artículo 14, a esta señora, a la que no alcanza la irresponsabilidad de su padre -por su condición de Rey- habrá que aplicarle el mismo trato legal que al común de los mortales.
De momento, al margen de cuestiones anecdóticas tales como el “paseíllo” por la rampa, o sobre la llegada en vehículo o andando al Juzgados, lo realmente sustancial es que comparecerá a declarar – o a no declarar, pues le asiste este derecho- como imputada, y su abogado sabrá si lo mejor para ella es reiterar que actuó en todo momento motivada por «su fe en el matrimonio y amor a su marido», como dijo en su día, o buscar otra estrategia de defensa, al igual que el Fiscal sabrá también si su función como tal ha de ser el establecimiento de una defensa jurídica paralela, al tratarse de un miembro de la Familia Real, o si debe empezar a intervenir en este caso como lo viene haciendo en otros muchos, colaborando activamente en la búsqueda de la verdad sobre unos determinados hechos que se imputan a una ciudadana llamada Cristina de Borbón.