El partido conservador que nos gobierna acaba de “obsequiarnos”, especialmente a las mujeres, con una nueva vuelta de tuerca que incide directamente sobre los avances sociales que nos ha proporcionado el sistema democrático. Bajo el título de la “Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada” se nos presenta un anteproyecto de ley que nos devuelve la regulación del aborto a la época anterior a 1985...

Comenzamos el mes que se acaba con el tema estrella que cerrábamos el anterior de octubre, y seguramente así seguiremos el próximo mes de diciembre. Me refiero a la derogación de la denominada “doctrina Parot” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una doctrina sobre la interpretación de las normas reguladoras del cumplimiento de las penas que en su día supuso un cambio de criterio del Tribunal Supremo, y que se aplicaba, además, retroactivamente en perjuicio de las personas condenadas, doctrina ésta que ahora, en virtud de la sentencia de dicho tribunal europeo, dictada el pasado día 21 de octubre de 2013, ha quedado sin vigencia, con el efecto incuestionable de volver a la aplicación del criterio que nuestros tribunales habían venido manteniendo hasta el año 2006, en virtud del cual, no se olvide, habían salido muchos presos, aprovechando los beneficios penitenciarios que les correspondían, sin que entonces nadie se rasgara las vestiduras por ello.

Es el título del libro que acaban de publicar Antonio Doñate Martín y Carlos Jiménez Villarejo, juez y fiscal, respectivamente, ya jubilados.

Se trata de un libro cuyo hilo conductor es la memoria histórica, a la que los autores hacen constante referencia, clamando de forma persistente para que se haga justicia a quienes resultaron más castigados durante los cuarenta años que duró el régimen totalitario franquista.

Con ocasión de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia asistimos, una vez más, al triste espectáculo que a menudo ofrecen los medios de comunicación cuando, huyendo de una explicación coherente de lo que realmente se argumenta en una resolución judicial, se trasmite a la opinión pública una interpretación torticera de la misma y, de paso, se ejerce una presión brutal contra un determinado juez por haber cometido el grave “disparate” –como lo calificó la Cospedal- de reflejar su apreciación subjetiva en la redacción.

Aún cuando comparto la valoración positiva que desde muchos foros se viene haciendo del movimiento "15 M", no puedo apoyar alguna de las propuestas surgidas del mismo.

Bajo mi modesto punto de vista, el movimiento asambleario, como forma de funcionamiento democrático, deja mucho que desear. Fue muy importante cuando era la única forma "tolerada" de tomar decisiones de protesta contra el sistema opresor en que se manifestaba la dictadura, pero, despues de morir el dictador y haberse instaurado en nuestro país un sistema de libertades, me surgen muchas dudas de que sea una forma de funcionar que mejore la que tenemos, por muy desprestigiada que esté (y razones no faltan para avalar tal desprestigio).

El pueblo clama a favor del magistrado que tanto ha […]

Para quienes en su día fuimos asiduos y apasionados lectores […]