La compatibilidad de la actividad minera con la conservación medioambiental requiere acciones de la Administración en tres frentes sucesivos: ordenación, evaluación de impactos y vigilancia ambiental. En Aragón funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de aplicar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero lo dificultan: calidad deficiente de muchos proyectos y estudios de impacto ambiental; minus­valoración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utiliza­ción de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados.

El conjunto de declaraciones formales con las que cuenta sobre el papel el medio natural del macizo de Javalambre no se han visto refrendadas, desgraciadamente, con una figura de protección firme y operativa por parte de la Administración, como sería la de Parque Natural o Parque Nacional. Esta carencia, o la incapacidad para aprobar siquiera un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (cuyo documento técnico se halla redactado desde 1995), han propiciado una suerte de ‘limbo legal’ de facto en el que la política de hechos consumados avanza inexorable.