El Tribunal Supremo ha condenado al juez GARZÓN por ordenar las escuchas de la trama Gürtel, como autor de un delito de prevaricación y vulneración del derecho de defensa, con la pena de inhabilitación por once años, lo que implica la pérdida de su cargo.

Las circunstancias del proceso y la personalidad de Garzón han provocado numerosos comentarios de distinto signo. Muchos expertos en Derecho consideran que la sentencia es seria y está bien fundada, pues el fin no justifica nunca los medios. Muchos ciudadanos de a pie la consideran desproporcionada, sospechan que subyace una cierta animadversión a Garzón por parte de los jueces y temen que se esté favoreciendo la impunidad de la delincuencia organizada y de guante blanco. Admitamos que el debate entre estas posturas no es fácil porque se oponen argumentos legales formalistas frente a intuiciones y opiniones más subjetivas.